– Washington apunta a altos cargos del gobierno venezolano, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo y figuras clave de las fuerzas de seguridad, acusados de manipular los comicios y proclamar la victoria de Nicolás Maduro.
Washington.- El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra 16 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, acusándolos de «obstruir el proceso electoral» en Venezuela. Entre los sancionados se encuentran importantes figuras, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, altos dirigentes de las fuerzas de seguridad y fiscales clave que validaron los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Maduro. Según Washington, estas acciones contribuyeron a la falta de transparencia y legitimidad en el proceso electoral.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que estas sanciones forman parte de una respuesta más amplia ante las continuas violaciones de los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela. «Estos individuos han jugado un rol crucial en asegurar que el régimen de Maduro permanezca en el poder, manipulando el sistema judicial y silenciando a la oposición», declaró el secretario del Tesoro. Las sanciones bloquean cualquier activo que los funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y les prohíben realizar transacciones con ciudadanos o entidades de EE. UU.
Entre los principales sancionados destaca Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, quien ha sido acusado de usar su posición para legitimar las decisiones del régimen y permitir el control autoritario de Maduro sobre el país. Además, varios comandantes de las fuerzas de seguridad y fiscales que supervisaron el proceso electoral también han sido señalados por facilitar la represión contra candidatos opositores y manifestantes que denunciaron fraudes.
El anuncio de las sanciones llega en un momento en el que la comunidad internacional sigue presionando para lograr una transición democrática en Venezuela. Mientras tanto, el régimen de Maduro ha rechazado las medidas, calificándolas como una «injerencia» en los asuntos internos del país, aunque los críticos señalan que este es otro ejemplo de cómo su gobierno busca mantenerse en el poder a través de la coacción y el control sobre las instituciones del Estado.