– La cápsula, diseñada para facilitar el suicidio, provoca la muerte por asfixia y ha encendido el debate ético y legal en el país europeo.
Berna.- La policía de Suiza ha arrestado a varias personas luego de que se utilizara por primera vez la controvertida cápsula «Sarco» para el suicidio en una cabaña remota de Merishausen, cerca de la frontera con Alemania. El dispositivo, que funciona liberando gas nitrógeno para reducir los niveles de oxígeno y provocar una muerte rápida, ha sido duramente criticado por fomentar el suicidio, aunque sus creadores lo defienden como un método indoloro y controlado. Las detenciones se realizaron bajo la sospecha de incitar, ayudar e instigar al suicidio.
El dispositivo «Sarco», con su diseño futurista, ha sido promovido por Exit International, una organización que aboga por la eutanasia y el derecho a una muerte digna. La cápsula ha sido presentada como una opción para quienes desean ejercer su derecho al suicidio asistido, un procedimiento que, bajo ciertas condiciones, es legal en Suiza. No obstante, este primer caso ha generado una fuerte respuesta de las autoridades, quienes ahora investigan si los detenidos influyeron indebidamente en la decisión de la víctima.
El caso también ha desatado un intenso debate en torno a la ética del suicidio asistido y la introducción de tecnología para facilitarlo. Los defensores de la cápsula argumentan que ofrece una solución digna y respetuosa para quienes buscan poner fin a su vida sin sufrimiento. Sin embargo, los críticos sostienen que dispositivos como «Sarco» podrían trivializar el acto de quitarse la vida y ser utilizados sin el debido acompañamiento médico o psicológico.
Este incidente ha vuelto a poner en el centro de la discusión pública las complejas cuestiones legales y morales sobre el suicidio asistido en Suiza. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de esta muerte, mientras los expertos en bioética y juristas evalúan el impacto de esta innovadora y polémica tecnología. Las autoridades suizas deberán determinar hasta qué punto las personas que promueven y facilitan el uso de este tipo de dispositivos pueden ser consideradas responsables legales.