– Crece el debate sobre la estrategia de seguridad mientras aumentan los ataques contra grupos armados en distintas regiones del país.
Bogotá.- La administración del presidente Gustavo Petro enfrenta una oleada de cuestionamientos luego de que, en medio de operaciones aéreas de las fuerzas militares, perdieran la vida al menos 15 menores reclutados por organizaciones ilegales. Los hechos, ocurridos en varios bombardeos ejecutados desde agosto, han reavivado un delicado debate sobre los límites y consecuencias de la actual política de seguridad.
Aunque el gobierno había prometido avanzar en diálogos con diferentes grupos armados para materializar la llamada “paz total”, la realidad reciente muestra un incremento en las ofensivas militares. Para diversos especialistas, esta tendencia refleja un cambio marcado en la forma en que el mandatario está enfrentando la expansión territorial y el fortalecimiento de varias guerrillas y estructuras criminales.
Analistas en temas de conflicto interno aseguran que esta variación en la estrategia demuestra la tensión entre la apuesta por la negociación y la presión armada. Argumentan que la prioridad del Ejecutivo parece haberse desplazado hacia acciones contundentes para frenar el avance insurgente, aun cuando dichas operaciones generen consecuencias humanitarias altamente sensibles.
La cifra de menores fallecidos, certificada por Medicina Legal, ha despertado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que exigen revisar los protocolos de ataque. Para ellos, el costo de estas maniobras es demasiado alto y contradice el espíritu de una política que se presentó como un camino hacia la desescalada del conflicto y la protección de las comunidades más vulnerables.