Sinaloa

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde reiteró el compromiso de su administración de combatir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, al encabezar la entrada en vigor del Protocolo de Prevención y Atención del Acoso Sexual en el Transporte Público de Sinaloa.

– La titular del Ejecutivo estatal presidió la ceremonia donde se oficializó este mecanismo, enfocado en prevenir, atender y sancionar actos de acoso en unidades y paradas del transporte público.

– El nuevo esquema busca fortalecer la seguridad de las usuarias tanto en rutas urbanas como rurales, mediante acciones coordinadas entre autoridades y operadores del servicio.

    Culiacán, Sin.- Desde este martes quedó formalmente implementado en la entidad el Protocolo de Prevención y Atención del Acoso Sexual en el Transporte Público del Estado de Sinaloa, luego de ser aprobado por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezada por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

    Este protocolo contempla una estrategia integral para actuar ante situaciones de acoso en unidades y paraderos del transporte público, tanto urbanos como rurales. El objetivo es garantizar traslados más seguros para las mujeres, mediante lineamientos específicos dirigidos a usuarias, operadores y autoridades responsables.

    Durante su intervención, la mandataria estatal agradeció el trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública y las distintas instituciones que participaron en la creación de este mecanismo, destacando que contribuirá a brindar mayor protección a miles de mujeres que diariamente utilizan el transporte público.

    Bonilla Valverde subrayó que mientras continúen las agresiones y distintos tipos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, no podrá hablarse plenamente de justicia ni de democracia. Añadió que, al igual que lo ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actualmente se vive una etapa de fortalecimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres.

    Asimismo, afirmó que en Sinaloa se continuará trabajando en políticas públicas orientadas a la igualdad de género y reiteró que las mujeres seguirán contando con el respaldo del Gobierno del Estado.

    La secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, explicó que este protocolo surge como una respuesta interinstitucional derivada de la alerta de violencia de género vigente en Sinaloa desde 2017, la cual establece la obligación de implementar acciones preventivas para proteger a las mujeres.

    La funcionaria indicó que la intención principal es salvaguardar la seguridad, integridad y dignidad de las sinaloenses al utilizar el transporte público, señalando que alrededor del 85 por ciento de los casos de acoso sexual registrados en estos espacios tienen como víctimas a mujeres.

    También recordó que el delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 185 Bis del Código Penal del Estado de Sinaloa, con sanciones que van de uno a tres años de prisión, mismas que pueden aumentar en situaciones específicas, como cuando la víctima es menor de edad o el agresor ocupa un cargo público.

    Durante la presentación del protocolo se dieron a conocer algunas medidas de actuación en caso de sufrir acoso sexual en el transporte público, entre ellas informar de inmediato al conductor o personal de seguridad, utilizar el número de emergencias 911 o los botones de auxilio instalados en las unidades y permanecer en un lugar seguro hasta la llegada de las autoridades.

    De igual forma, se estableció que los operadores deberán detener la unidad en un sitio seguro y evitar que el presunto agresor abandone el lugar hasta la llegada de la policía, además de brindar apoyo y protección a la víctima evitando cualquier forma de revictimización. También se contempla capacitación anual para el personal en temas de perspectiva de género y manejo de crisis.

    En esta sesión participaron diversas autoridades estatales y representantes de organismos relacionados con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, entre ellos integrantes del gabinete estatal, representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y directoras de los Institutos Municipales de las Mujeres.

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