– El organismo empresarial considera indispensable respetar el marco legal y garantizar condiciones de seguridad para las inversiones que impulsan el desarrollo económico de la entidad.
Culiacán, Sin.- Ante los cuestionamientos y manifestaciones surgidas en torno a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, expresó la necesidad de preservar el Estado de derecho y evitar que se frene un proyecto que registra un importante avance en su construcción.
El dirigente empresarial señaló que la confianza jurídica es uno de los principales factores que toman en cuenta los inversionistas al momento de destinar recursos a una región. En ese sentido, advirtió que cancelar o detener una obra que ha seguido los procedimientos legales correspondientes podría generar incertidumbre y afectar la llegada de nuevas inversiones a Sinaloa.
“Cualquier empresa que busca invertir requiere garantías de que sus derechos serán respetados. Cuando no existe certeza jurídica o se ponen obstáculos a proyectos que han cumplido con la normativa, se corre el riesgo de desalentar futuras inversiones”, sostuvo Silvas Inzunza.
El presidente de ADECEM destacó que la empresa responsable del proyecto ha obtenido los permisos, autorizaciones y concesiones exigidos por las autoridades competentes. Asimismo, recordó que diversas dependencias federales han dado seguimiento al desarrollo de la obra y han mantenido supervisión constante sobre el cumplimiento de las disposiciones ambientales y regulatorias.
Aunque reconoció que las inquietudes planteadas por grupos ambientalistas son válidas y deben ser escuchadas, consideró que existen mecanismos técnicos para atender cualquier observación sin necesidad de cancelar una inversión de gran impacto económico para la región.
“Lo importante es encontrar soluciones viables a los planteamientos que puedan surgir. Si se requiere realizar ajustes o implementar medidas adicionales, deben analizarse alternativas que permitan resolver las preocupaciones existentes sin poner en riesgo el desarrollo del proyecto. Lo fundamental es que prevalezca el respeto al Estado de derecho”, expresó.
Silvas Inzunza también destacó los beneficios que la planta podría generar para sectores estratégicos de la economía sinaloense, especialmente para la agricultura, al facilitar una mayor disponibilidad de fertilizantes y contribuir potencialmente a reducir costos para los productores del campo.
Además, señaló que la inversión tendría efectos positivos en la generación de empleos, el crecimiento de actividades comerciales y el impulso a nuevos desarrollos urbanos e industriales en la zona norte del estado.
Finalmente, afirmó que la planta de GPO forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la competitividad regional y atraer nuevos proyectos productivos. Por ello, consideró que garantizar condiciones de estabilidad y confianza para las inversiones será clave para consolidar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades de desarrollo que se presentan para Sinaloa.