– Integrantes del sector pesquero del campo pesquero Paredones señalaron que varios socios han sido separados de la cooperativa Eustaquio Urías, presuntamente por haber aceptado puestos de trabajo en la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
Los afectados, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a posibles consecuencias, aseguran que la situación ha generado un ambiente de confrontación, divisiones y medidas de presión contra quienes respaldan o colaboran con el proyecto industrial.
“Nos están dejando fuera sin darnos oportunidad de explicar nuestra situación, únicamente porque decidimos trabajar en la planta. Lo único que buscamos es garantizar el sustento de nuestras familias”, expresó uno de los pescadores.
De acuerdo con los testimonios, las bajas dentro de la cooperativa no obedecen a incumplimientos o faltas relacionadas con sus actividades pesqueras, sino a diferencias de criterio respecto a la instalación de la planta. Señalan que quienes optaron por integrarse laboralmente al proyecto han sido removidos sin un procedimiento claro.
“Si no compartes la misma postura o no participas en las manifestaciones, comienzan a apartarte. Existe presión para respaldar ciertas acciones y quien no lo hace termina siendo excluido”, comentó otro trabajador.
Los denunciantes calculan que cerca de 40 socios han enfrentado situaciones similares, lo que incluso ha derivado en diversas acciones legales por despidos que consideran improcedentes.
Además de perder su espacio dentro de la organización pesquera, afirman que también han enfrentado señalamientos y críticas dentro de sus comunidades.
“Hay quienes nos insultan o nos acusan de traicionar al sector por haber encontrado empleo en la planta”, relataron.
División al interior de las comunidades pesqueras
Según los testimonios, el conflicto relacionado con la planta de fertilizantes ha provocado una creciente fractura entre los propios pescadores, generando diferencias entre quienes apoyan el proyecto y quienes mantienen una postura de rechazo.
Los afectados consideran que la dirigencia de la cooperativa mantiene cercanía con grupos opositores a la planta, situación que, a su juicio, influye en decisiones que terminan afectando a socios que han optado por otras oportunidades laborales.
“Esto dejó de ser únicamente un tema relacionado con la pesca. Ahora se trata de posiciones encontradas y quien piensa diferente corre el riesgo de quedar fuera”, afirmó uno de los entrevistados.
La búsqueda de estabilidad económica
Los pescadores explican que la decisión de incorporarse a la planta responde principalmente a la necesidad de contar con ingresos más constantes, debido a que la actividad pesquera atraviesa periodos de incertidumbre y depende de temporadas específicas.
“La pesca ya no ofrece la misma seguridad de antes. Hay momentos buenos, pero son temporales. Tenemos que encontrar alternativas para mantener a nuestras familias”, señalaron.
Algunos también reconocieron que existen prácticas dentro del propio sector que han impactado negativamente el entorno natural, como la captura fuera de temporada o el incumplimiento de periodos de veda.
“Nosotros también debemos asumir parte de la responsabilidad. Hay quienes no respetan las vedas y eso termina afectando los recursos de todos”, comentó uno de los pescadores.
En este escenario, consideran que el empleo en la planta representa una opción más estable, con prestaciones y pagos regulares que difícilmente encuentran en la actividad pesquera.
Respaldo al empleo industrial
Quienes actualmente laboran en la empresa destacaron que, pese a los bloqueos y manifestaciones que han complicado las operaciones, la compañía ha cumplido con el pago oportuno de salarios.
“La empresa ha respondido con responsabilidad. Aun cuando ha habido dificultades por las protestas, los pagos se han realizado de manera puntual”, aseguraron.
Para estos trabajadores, la estabilidad laboral que ofrece el proyecto industrial representa una ventaja frente a la incertidumbre económica que enfrentan en la pesca, motivo por el cual mantienen su decisión de continuar laborando en la planta.
Reservan su identidad por temor
Los denunciantes insistieron en no revelar sus nombres, argumentando que el tema ha generado tensiones dentro de las comunidades y que temen sufrir consecuencias personales o familiares.
“No podemos identificarnos públicamente porque existe preocupación por lo que pueda ocurrir después. Todos vivimos en las mismas comunidades”, indicaron.
Una problemática que va más allá del debate ambiental
Los testimonios reflejan que la controversia en torno a la planta de fertilizantes en Topolobampo ha dejado de centrarse exclusivamente en cuestiones ambientales y económicas, para extenderse al ámbito social dentro de las comunidades pesqueras.
Para quienes aseguran haber sido afectados, el tema principal es el derecho de cada persona a elegir cómo obtener ingresos y sostener a su familia sin enfrentar sanciones o exclusiones dentro de las organizaciones a las que pertenecen.
“No todos tenemos la misma opinión y eso debería respetarse. Pensar distinto no tendría que significar perder nuestro lugar”, concluyeron.