– Las acciones unilaterales del presidente generan preocupación y desafíos legales.
Miami.- En las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desplegado una serie de medidas que refuerzan su control sobre el gobierno y redefinen el alcance del poder ejecutivo. Desde su toma de posesión el 20 de enero, ha impulsado decisiones que han generado controversia y reacciones inmediatas de distintos sectores políticos y judiciales.
Entre sus primeras acciones, Trump suspendió la recepción de nuevas solicitudes de asilo, detuvo el proceso de reasentamiento de refugiados y ordenó la paralización de contrataciones y gastos federales. Además, ha impulsado cambios que afectan directamente a agencias establecidas por el Congreso, restringido la atención médica relacionada con la transición de género en menores y propuesto acuerdos de salida para cientos de miles de empleados gubernamentales.
Este torrente de decretos y órdenes ejecutivas, alineado con sus compromisos de campaña, ha llevado al límite las atribuciones del Ejecutivo, despertando inquietud en sectores políticos y jurídicos. La oposición demócrata, organizaciones de derechos civiles y sindicatos han presentado múltiples impugnaciones legales para frenar algunas de estas medidas, argumentando que sobrepasan la autoridad presidencial y podrían debilitar el equilibrio de poderes.
A medida que estas disputas avanzan en los tribunales, el panorama político de Estados Unidos se torna cada vez más tenso. Mientras sus aliados defienden sus decisiones como parte de un esfuerzo por “reformar” el gobierno, sus críticos advierten que las acciones de Trump podrían desencadenar una crisis constitucional sin precedentes.
